Política

Congreso de Guatemala aprueba una ley que prohíbe el matrimonio homosexual

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Congreso de Guatemala aprueba ley que penaliza el aborto y prohíbe el matrimonio igualitario. Imagen tomada de LatFem Guatemala

Además de prohibirse el matrimonio entre personas del mismo sexo, el congreso también eleva la pena de prisión por aborto. 

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas, censura el matrimonio homosexual, estipula que se prohíba a las escuelas enseñar a los alumnos «cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal” y eleva la pena de prisión por aborto. El proyecto de ley fue aprobada en la noche de este martes 9 de marzo, por una abrumadora mayoría en el Congreso, informa BBC Mundo. 

La oposición al proyecto fue de ocho votos en contra, mientras que 152 legisladores votaron a favor. Ahora la iniciativa deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei, aunque todavía no se tiene claro si el mandatario la ratificará, aunque se prevé que sí pondría su firma para hacer que esta ley entre en vigor, debido que su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor. 

Si la firma el presidente, reformará el Código Civil de Guatemala para «prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo”, estipulan los medios de comunicación guatemaltecos.

Por su parte Amnistía Internacional estipula que esta ley está llena de odio, declarando que es una grave amenaza para las vidas, los derechos humanos y las familias en Guatemala. “Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas. Es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Con base al aborto, la ley impone sanciones a aquellos que “promuevan o faciliten el acceso al aborto”, que eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause». También, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de esta, informa DW.

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