La discriminación estructural que enfrentan las personas trans en el acceso al empleo
Para las personas trans es casi una utopía insertarse en el mercado laboral formal viéndose enfrentadas a barreras sociales generadas por la naturalización de la discriminación; la cual ha sido reconocida por la Corte Constitucional colombiana en algunos casos de tutela en los que puso de presente que una considerable proporción de la población transgénero carece de un empleo estable y que las personas trans que logran acceder a un trabajo formal se ven enfrentadas a situaciones de discriminación laboral[1].
Lo anterior, se muestra en las cifras de la Alcaldía de Bogotá que reflejan una cruda realidad, más del 99.68% de las personas con identidad de género no normativa expresaron que son discriminadas o que sus derechos han sido vulnerados o limitados; el 100% dijo, haber sido víctima de algún tipo de agresión física o verbal y el 90.56% de esta población estimó que tiene mayor probabilidad de sufrir ataques en el espacio público.[2]
Ademas, las cifras sobre vínculos laborales son aun más preocupantes, ya que como lo señala REDLACTRANS[3], alrededor de un 90% de la población de mujeres trans ejerce el trabajo sexual como único medio de subsistencia y no cuentan con las prestaciones sociales y las garantías mínimas de los estatutos laborales de los distintos países. De igual forma, el presidente de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia manifestó en una entrevista que “solo 4 de cada 100 mujeres ‘trans’ tenían un contrato laboral formal”, dejando prueba irrefutable de una realidad discriminatoria que vive Colombia[4].
Y es que a pesar de que la Constitución Política colombiana consagra el derecho fundamental a tener un trabajo decente y digno, su alcance simbólico supera al efecto práctico, ya que las barreras legales, administrativas y culturales se encargaron de excluir a las personas trans de la formalidad y encajarlas en trabajos específicos de baja remuneración en donde reina la informalidad.[1]
Es así como las personas trans no cuentan con los espacios para desarrollarse a nivel laboral, viéndose limitadas y estereotipadas en actividades relacionadas con el trabajo en peluquerías, bares, modisterías, entre otros espacios en donde reina la precarización[2]. Sin embargo, el trabajo sexual, en donde el cuerpo y la calle se vuelven el “espacio” de trabajo, resulta ser la única salida para recibir un ingreso de subsistencia y se enmarca en la actividad más transexualizada.
Cabe recalcar, que, aunque en el papel y gracias a la Corte Constitucional el trabajo sexual se considere una actividad que merece la protección de las garantías constitucionales y legales que tienen los demás trabajadores, en la práctica las mujeres trans que se dedican a este oficio, el más viejo de mundo, sufren de estigmatización, explotación laboral, precarización, exclusión y un reproche social conservador, propio de la cultura colombiana.
¿Qué viene ahora?
Es necesario que el Estado y la empresa privada tomen medidas para que se dé una verdadera inclusión laboral de las personas trans en el trabajo formal; ya sea con políticas antidiscriminatorias que promuevan la contratación de personas trans a través de extensiones o beneficios tributarios; políticas sancionatorias que instauren medidas mucho más drásticas en contra de la discriminación o una revisión integral de las barreras administrativas, legales y culturales que no permiten a la comunidad trans engancharse en el trabajo formal. Lo cierto es que se requiere mucho esfuerzo, trabajo duro y educación, pero la meta de la inclusión laboral no puede convertirse en un ideal utópico más.
imagen de portada: El Tribuno
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