Agata Mostardero no había podido registrar a su hijo como madre biológica porque era una mujer trans.
La asesora parlamentaria trans Ágata Mostardero, de 31 años, ganó un caso judicial, el 1 de noviembre, por daño moral ante el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, donde se le había negado registrar a su hijo Bento en la notaría.
Una indemnización de 60.000 reales o 11.000 dólares deben ser pagados a Ágata por la vergüenza que soportó al no poder registrar a su hijo en el año 2018. En ese año Ágata Mostardeiro, teniendo 28 años, a pesar de identificarse como un hombre cisgénero en ese momento, quería expresarse como mujer y pasar por la transición, incluido el uso de hormonas femeninas.
Ágata y su pareja desde un inicio sabían que tendrían hijos en el futuro. Sabiendo que el tratamiento hormonal disminuiría la posibilidad de una concepción natural, decidieron concebir primero un hijo. Posteriormente, Agata inició el proceso de transición. El nacimiento del pequeño Bento fue una alegría para la nueva familia. Hasta que llegó al proceso para registrarlo. Allí, Ágata, que ya había cambiado sus documentos al género femenino, escuchó que el recién nacido “debía tener un padre ante la ley” y, aunque Ágata participó en la concepción biológica del bebé, se le impidió registrarlo.
Fue entonces cuando Agata dijo que “estaba completamente paralizada”. “Le pregunté si podía usar mi antiguo nombre porque solo quería resolver esa situación. Pero no fue posible, era un documento muerto”, recuerda. Al ingresar al juzgado, la juez solicitó presentar el informe médico de sus genitales, el cual ella negó como una afrenta a la dignidad.
Hasta entonces, Ágata figuraba en el certificado de nacimiento como “madre socioafectiva”, como si fuera una madre adoptiva. Recién en 2020, tras otra demanda judicial, fue reconocida como madre biológica. La sentencia se produjo inmediatamente después de una decisión de la Corte Suprema, que permitió a las personas trans cambiar su nombre y sexo en el registro civil sin necesidad de una decisión judicial ni someterse a una cirugía de reasignación de sexo.
Al otorgarle a Ágata el derecho de inscripción, el juez de la causa señaló, en su momento, que “la verdad biológica, siempre que sea posible, debe incluirse en el certificado de nacimiento del niño”.
La abogada de Ágata, Gabriela Ribeiro de Souza, celebra la decisión y asegura que este es un paso hacia el reconocimiento de que “existen diferentes familias” y que “no se tolerarán prejuicios”.
La madre ve en la indemnización no solo un reconocimiento del incumplimiento del Estado, sino también una forma de evitar que otras familias pasen por una situación similar.
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