El Tribunal Constitucional de Uganda confirmó el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad en el país.
El proyecto de ley, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.
“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, y tampoco otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.
Sin embargo, el tribunal concluyó que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.
En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el hecho que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.
“No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo.
Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que superen la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.
El activista Steven Kabuye, que casi fue asesinado a puñaladas en enero, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más hacia la oscuridad” y que “el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.
Al comentar sobre la decisión, la directora ejecutiva de Outright International, Maria Sjödin, dijo: “Las personas LGBTQ en Uganda merecen protección total e igualdad de derechos ante la ley, y la invalidación parcial de la ley no es suficiente”.
“La sentencia del Tribunal Constitucional, que relega a las personas queer a una ciudadanía de segunda clase, no debe ser la última palabra. Ahora corresponde al parlamento de Uganda derogar esta ley.
“Las autoridades deben entablar un diálogo significativo con organizaciones y activistas LGBTQ y trabajar para crear una sociedad inclusiva que respete y defienda los derechos de todas las personas en Uganda”.
Leanne MacMillan, directora global de campañas y derechos humanos de Stonewall, dijo: “Es profundamente preocupante que el tribunal de Uganda haya confirmado una horrible legislación anti-LGBTQ+ que niega a los ugandeses LGBTQ+ derechos humanos básicos. Nos solidarizamos con quienes luchan por sus derechos y dignidad en Uganda en un momento en que los tribunales les han fallado. Si queremos vivir en un mundo donde las personas LGBTQ+ sean libres de ser ellas mismas, todos debemos luchar por ello ahora”.
Fuente: Pink News
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